BALANCE POLITICO DE 9 AÑOS DEL FUJIMORISMO: AFIRMACION DEL AUTORITARISMO, LA DICTADURA Y LA TIRTANIA.

En la actualidad ya no queda ninguna duda de que en el Perú  el estado de derecho es una farsa. Las instituciones han sido destruídas o mediatizadas. Nos gobierna de facto un poder paralelo que nadie eligió. La nefasta sociedad cívico-militar en el poder (que personifica Fujimori y Montesinos) para obtener sus viles propósitos no se detiene ante nada. El dictador y su servil mayoría del Congreso Nacional han impuesto Leyes y Resoluciones Legislativas para hacer posible una inconstitucional tercera elección consecutiva a través de un fraude. Se viola la Constitución que se nos impuso fraudulentamente en 1993. No se acata la voluntad popular cuando es antagónica al gobierno y a sus integrantes. No se reconoce a las instituciones cuando no son afines y son más bien contestatarias.

Durante estos años, y especialmente después del autogolpe de 1992, la gestión pública se ha caracterizado por un manejo personalista y autoritario cuyo principal objetivo es lograr -por cualquier medio- una nueva e ilegal reelección de Fujimori el año 2000. En este contexto, se ha intervenido -en algunos casos de manera abierta, grosera-, o mediatizado a instituciones claves para el sistema democrático como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, entre otros.

Nunca como ahora el Perú ha estado tán centralizado. Esta política además de inhumana y salvaje es centralista y excluyente, privilegiando a Lima y dejando en el olvido a miles de provincias y distritos en todo el país. Sólo como muestra de ello, en el Presupuesto del Sector Público para 1999, cuatro ministerios concentran más del 70% del gasto, mientras que a los más 2015 Municipios Provinciales y Distritales sólo se les da el 3,6% de dicho presupuesto. Jamás se concentró tanto poder económico, político y militar en tan pocas personas.

Cada vez más el Régimen fujimorista asume posiciones despóticas con los gremios y las personas. Es autoritario con las instituciones de la sociedad civil con las cuales ni se dialoga ni menos se concerta. Es dictatorial con las entidades públicas y privadas que vienen siendo manejadas como si fueran propiedad de Fujimori o Montesinos quienes disponen en forma vergonzosa de nombramientos y cambios; de acciones y decisiones. Es absolutista en sus determinaciones sin respetar ni tener en cuenta la opinión de las mayorías del país que esperan otras políticas distintas a las que adopta el régimen.

Ante cualquier circunstancia y en todo orden de cosas el Gobierno adopta posturas hegemonistas frente al país, sus instituciones y ciudadanos. Existe una arbitraria preponderancia familiar y étnica (japoneses) en los más altos niveles del gobierno  y del Estado. Son manifiestas las ventajas para el entorno de poder (empresarios, militares, amigos y familiares) en negocios públicos y privados. También son evidentes los privilegios exagerados para el gran capital extranjero que goza de mejores condiciones que el capital nacional. Asi mismo es notoria la preferencia marcada hacia algunos grupos de poder nacional y grupos de poder internacional representados por tecnócratas funcionales al modelo económico y al proyecto político.

Igualmente está fuera de toda duda la existencia de una galopante inmoralidad y corrupción en todos los niveles del gobierno y el Estado que la dictadura no puede ocultar; aún cuando ni se investiga ni menos se sanciona. Este es un régimen protector de militares asesinos y narcotraficantes; amparador de algunos policías corrompidos y criminales que dañan la institución. Es un régimen protector de funcionarios corruptos y ministros inmorales. Así mismo existen claros visos de conflicto de intereses. Por ejemplo el caso de Jorge Vela Melo quien siendo Procurador era al mismo tiempo Presidente del Banco República, quebrado sospechosamente en perjuicio de ahorristas y cuenta corrientistas.

En forma por demás manifiesta el despotismo fujimorista pretende el control absoluto de las personas y las instituciones de la sociedad. Censura y digita (por chantaje e intimiodación) medios de comunicación y periodistas. Vigila y espía a líderes políticos y dirigentes gremiales de la oposición. Inspecciona para amenazar a municipios y alcaldes de la oposición; así como coacciona a empresas y empresarios discrepantes. Sistemas é instituciones, como el SIN, la SUNAT, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Fuero Militar y grupos paramilitares son utilizados para espiar, calumniar, someter y silenciar a quienes se opongan al régimen. El engaño, la mentira y los operativos sicosociales son instrumentos de política.